A continuación reproducimos el texto original que el 8 de octubre de 2007 el Margalló envió al Ministerio de Medio Ambiente en apoyo de JULIO VILLANUEVA, de Solidarios con Itoiz.
DE RÍOS LIBRES, PRESAS Y PRESOS
CAMPAÑA DE APOYO A JULIO VILLANUEVA DE SOLIDARIOS CON ITOIZ ENCARCELADO
Tras las elecciones de 2004 el nuevo gobierno socialista rectificó parcialmente la fracasada política hidrológica basada en la construcción de grandes embalses y el trasvase de aguas. El Gobierno de España derogó los trasvases, cambió la ley del Plan Hidrológico Nacional y se comprometió a dialogar sobre el tema con los afectados.
Desgraciadamente, poco o nada de este nuevo talante se ha dejado sentir en Navarra, donde la Administración del Estado, representada por la CHE, y el Ejecutivo de UPN siguen empeñados en culminar el binomio Itoiz-Canal de Navarra, paradigma de desarrollo insostenible y gestión ineficaz de recursos públicos. Ni siquiera la amenaza de riesgos catastróficos ha hecho entrar en razón a los responsables políticos de la obra. Desde que comenzó el llenado del embalse, en enero de 2004, se han producido más de 1.300 movimientos sísmicos en la zona, y ya resulta innegable que estamos ante un caso de sismicidad inducida. Durante los últimos meses también han salido a la luz los graves problemas geológicos en las obras de recrecimiento de Yesa, y la incertidumbre ha llevado a ciudadanos de la Comarca de Sangüesa a asociarse para oponerse a la obra, como anteriormente hicieran los vecinos amenazados por Itoiz.
El verano de 2007 ha concluido con otra mala noticia: la detención y encarcelamiento de Julio Villanueva, uno de los ochos miembros del colectivo Solidari@s con Itoiz que en abril de 1996 cortó los cables que transportaban el hormigón para la construcción de la presa. Villanueva, que se encontraba en situación de búsqueda y captura tras ser condenado a 4 años y 10 meses de prisión, no es el primer activista encarcelado por esta causa. Iñaki García Koch e Ibai Ederra ya cumplieron condena por el corte de cables, pese a tratarse de una acción directa, pública y no violenta, enraizada en la cultura de la desobediencia civil.
La persecución judicial, policial o de ciertas administraciones públicas contra activistas medioambientales no es algo excepcional. Al contrario, ha sido una constante desde que el ecologismo existe como movimiento social y contrasta con la impunidad con la que a menudo actúan los infractores ambientales. En el caso de Itoiz la persecución judicial y los intentos de criminalización del movimiento opositor al pantano han sido especialmente graves. Cabe recordar que ya en el año 1996 un portavoz de la Coordinadora de Itoiz y otro miembro de Solidari@s con Itoiz fueron condenados a pena de prisión tras ser falsamente acusados de “atentado a la autoridad”.
Los grupos abajo firmantes cosideramos injusta y totalmente desproporcionada la pena impuesta a los Solidari@s con Itoiz por el corte de cables. No es casualidad que el único activista preso por una causa medioambiental en el Estado español proceda de esta tierra. El hecho de desarmar y encerrar a un guadia jurado durante unos minutos fue considerado “secuestro” y castigado con pena de prisión. Este caso muestra claramente que en Navarra se han criminalizado casos que en otros lugares serían consideradas meras faltas.
Hemos de recordar que los Solidari@s con Itoiz actuaron en estado de necesidad, en un contexto social de fuerte oposición al pantano. Los opositores al pantano, con la Coordinadora de Itoiz a la cabeza, intentaron su paralización utilizando todos los medios legales a su alcance. De hecho, en 1995 la Audiencia Nacional declaró ilegal el proyecto del pantano, que dos años más tarde fue anulado por el Tribunal Supremo. Sin embargo, cuando la Coordinadora de Itoiz solicitó la ejecución de sentencia para paralizar las obras, la Justicia le reclamó un aval desorbitado (24.000 millones de pesetas, cifra rebajada posteriormente a 13.000 millones). Obviamente, la oposición no pudo presentar el aval y las obras continuaron.
El sabotaje contra el pantano de Itoiz tuvo lugar en ese contexto de desamparo e impotencia. Han transcurrido ya más de 11 años desde aquellos hechos. Carece de sentido que los solidarios cumplan condena privativa de libertad, dado que no precisan de ningún tipo de rehabilitación ni reinserción social. De hecho, los miembros de Solidari@s con Itoiz actuaron movidos por intereses colectivos tales como la defensa y protección del medio ambiente; por ello su permanencia en libertad no crea alarma social alguna y su "ejemplar" condena no tendría otra finalidad que la de disuadir y acallar a la disidencia. Los abajo firmantes consideramos que la alarma social, aquí y ahora, la están creando quienes siguen haciendo oídos sordos a las advertencias de riesgos catastróficos irreparables. Dada la demostrada inestabilidad de la ladera izquierda sobre la que se asienta la presa de Itoiz, los continuos movimientos sísmicos podrían producir un importante desprendimiento, con el consiguiente desbordamiento de la presa. Teniendo en cuenta que esto supone dría una grave amenaza para la vida de las miles de personas que viven aguas abajo, cabría esperar que los responsables políticos actuasen según los principios de prudencia y precaución. Seguir con la pruebas de llenado como si nada sucediese constituye en nuestra opinión una temeridad especialmente angustiosa para los vecinos de la zona. Aunque los sucesivos Gobiernos han subsanado los escollos legales modificando normas y legalizando el proyecto de Itoiz a posteriori, consideramos que siguen vigentes todos los argumentos medioambientales, sociales y económicos que hace años nos llevaron a posicionarnos en contra del pantano de Itoiz. Este embalse es un vestigio de una anacrónica política hidrológica. basada en una insostenible ampliación de la oferta en detrimento de la racionalización y control de la demanda. Hablamos de la utilización de recursos públicos para negocios privados, a precio de ganga y a costa de un gran impacto ambiental.
Abogamos por una nueva política hidrológica, que supere la concepción del agua como mero bien comercial o recurso económico. Una política que afronte los problemas reales de los ríos, del agua y de sus usos (fundamentalmente la contaminación, las sobreexplotación y la ilegalidad) de forma integrada e integradora. Tal y como recuerda la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea, los ríos son mucho más que canales de H2O; son un patrimonio que hay que proteger y defender ya que forman parte de ecosistemas esenciales para la vida.
Por todo ello, los abajo firmantes demandamos:
1. El vaciado controlado del pantano de Itoiz.
2. La paralización del recrecimiento de Yesa y otros grandes embalses en construcción.
3. Libertad sin condiciones para Julio Villanueva y el cese de toda persecución contra Solidari@s con Itoiz.
4. Una nueva política hidrológica basada en una gestión integral e integradora.
Firmado : COLECTIVO ECOLOGISTA MARGALLÓ- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
